Por Diego Sívori.
La venta de granos durante el 2010 superó los 5000 mil millones de dólares y el empleo no registrado en las actividades rurales se sitúa hoy en el 75% y en algunas regiones llega al 90%. Es uno de los sectores de más alta rentabilidad en el país pero es el de mayor nivel de ilegalidad a la hora de emplear mano de obra. Según un informe de agosto del 2010 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, la informalidad en el sector rural asciende actualmente al 75%, una cifra más que preocupante si se tiene en cuenta que el empleo en negro para todo el país alcanza el 34,6 por ciento.
Además de la precariedad, las actividades vinculadas a la ganadería, agricultura, silvicultura y pesca se caracterizan por ser el sector con menor tasa de regularización en los últimos años, según los datos que elabora la cartera laboral. El sindicato que representa al sector es la UATRE (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores). Creada en 1947 con el nombre de FATRE, la organización gremial tiene una gran deuda en materia de defensa de los derechos de los trabajadores a los cuales representa. Se calcula que el sector rural emplea 1,3 millones de trabajadores y sólo unos 375 mil están registrados en el ANSES.
Por su parte, un reciente informe elaborado por especialistas del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL), del Conicet, indica que en el sector agropecuario tanto el trabajo no registrado como los demás empleos en situación precaria se han incrementado desde hace dos décadas como resultado de la ampliación y concentración de las explotaciones.
A pesar de que el trabajo rural como tal excluye las tareas rurales de subsistencia, la realidad es otra y a dichas tareas se las consideran como aquellas actividades rurales realizadas bajo distintas formas salariales o no salariales que implican un proceso de trabajo especial. Sin embargo esta tipología de trabajo está en la mayoría de los casos cercana a la esclavitud, y gracias a la ley sobre delito de trata de personas, ley 26.364, vigente desde abril del 2008, el Estado Argentino ha podido penetrar en muchas de aquellas explotaciones que operan de forma irregular.
La regulación es urgente. La actividad agropecuaria argentina registra mayor cantidad de accidentes que la minería, a pesar de ser un sector productivo menos riesgoso. También ocupa el tercer lugar con respecto a los accidentes mortales, después de la construcción y las actividades relacionadas con la electricidad, el gas y el agua.
Los trabajadores rurales están expuestos a las variaciones de las condiciones climáticas, dado que la mayoría de las tareas se realizan al aire libre; al tipo de posturas de trabajo y duración de las actividades que se realizan; al contacto con animales y plantas, con la consiguiente exposición a mordeduras, infecciones, enfermedades parasitarias, alergias, intoxicaciones; a la utilización de productos químicos y biológicos; y a la escasa distancia considerable entre los lugares de trabajo y la vivienda de los mismos.
Desde el año 2003 hasta el primer semestre de 2010 la cartera laboral conducida por Carlos Tomada realizó inspecciones en 11.737 establecimientos rurales de todo el país, lo que arrojó como resultado que en determinadas regiones y actividades puntuales se supere incluso el 75% mencionado para todo el sector agrario.
En su reciente discurso de inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso, la Presidenta Cristina Kirchner enumeró una serie de proyectos de ley que exigió que se aprueben en el transcurso de este año. Entre ellos se encuentra la modificación del Estatuto del Peón Rural, que se encuentra trabada desde junio de 2010 en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados.
La normativa abarca a alrededor de 1,3 millones de trabajadores y, entre otros puntos, busca regular las jornadas laborales, de manera que no excedan las 8 horas diarias ni las 44 semanales, y propone que las remuneraciones, si bien seguirían siendo fijadas por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, no puedan ser inferiores al salario mínimo, vital y móvil que rige para el resto de la economía. A su vez, entre otros puntos, el proyecto sobre trabajo rural establece que el salario deberá ser abonado "aun cuando por fenómenos climáticos no se pudieren desarrollar las tareas en forma normal", y prohíbe las jornadas "de sol a sol".
Así, esperamos que en este año aquel Estatuto del Peón de Campo decretado durante la presidencia del general Edelmiro Farrell en 1943 y luego regulado con la ley 13.020 en 1947, sea modificado en virtud de los derechos de los trabajadores de un sector que viene creciendo a tasa de más del 20% anual, el campo.
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