La problemática de la tenencia de la tierra:
Así mismo, subyace en esta situación laboral una problemática histórica de la estratificación social argentina: la propiedad de la tierra. Actualmente 6.900 propietarios son dueños del 49,7% de la superficie cultivable y productiva del país; según el censo agropecuario del 2002, 936 terratenientes poseen 35.515.000 hectáreas (promedio de 38.000 cada uno) mientras que 137.021 agricultores poseen sólo 2.288.000 hectáreas (promedio de 16.7 cada uno).[i]
Ahora bien, en mi opinión, una real solución deberá comenzar por la problemática de la tenencia de la tierra, que precisamente no se soluciona con medidas económicas de retenciones o de recursos para la compra o la venta, sino con el reconocimiento ancestral de la propiedad de la tierra en manos de quién la trabaja.
Las retenciones, por lo descripto anteriormente, son una herramienta para controlar los precios del mercado interno y de los saldos exportables. Ahora bien, es de suma importancia la complementación de dichas políticas, con otras de redistribución del ingreso mucho más profundizadas y consecuentes de las que tibiamente se han aplicado hasta ahora. Cuyo eje central gravite además de en el aumento del salario por sobre el nivel de productividad y el costo de vida, en la propiedad de la tierra y de su usufructo.
En vistas de generar propuestas de políticas de distribución del ingreso reales, cabe destacar la de los compañeros del MOCASE Vía Campesina (Movimiento Campesino de Santiago del Estero), que puntualmente establece la necesidad de utilizar los fondos retenidos, para una reforma agraria integral con soberanía alimentaria. Teniendo en cuenta dos aspectos básicos. El primero que esta reforma es sumamente necesaria, ya que como podemos observar más adelante, 20,6% de la población de los 31 principales centros urbanos del país se encuentra bajo la línea de pobreza, y otro 5,9% de la misma población, bajo la línea de indigencia. Por lo que sólo en la ciudad, estamos hablando de 26,5% de su población con carencias, que en el primer caso representa que su ingreso no supera el valor de la Canasta Básica Total; y para el segundo caso, el de la indigencia, la proporción cuyo ingreso no superan la Canasta Básica Alimentaria.
El segundo aspecto a tener en cuenta, es que la reforma es sumamente posible. Según datos del INTA, una familia puede abastecerse de verduras, huevos y gallinas, en una superficie de 200 metros cuadrados. Tomando una hectárea como unidad por familia para hacer al cálculo con mejor margen, es decir 10.000 metros cuadrados, hace falta 1,25 millones de hectáreas para eliminar las insuficiencias de esa población antes enunciada. Sabiendo que en el país hay sembradas 32 millones de hectáreas, con sólo modificar el régimen de tenencia del 3,8% de toda esa superficie podríamos acabar con esas necesidades básicas insatisfechas.
Otras alternativas para la redistribución de la riqueza son la restauración de las disueltas Juntas Nacionales Reguladoras de Carnes y de Granos que fijen los precios internos, como así también de un organismo estatal de comercio exterior capaz de controlar las ventas externas y sus ingresos.
Hasta tanto, no habrá otros mecanismos mejores que las retenciones para controlar los precios locales de los alimentos y su abastecimiento regular. Estas necesariamente deben ser móviles, para acompañar el crecimiento constante y prolongado de los precios mundiales. Pero no sólo deben aplicarse a la soja, los granos y la carne, sino también al petróleo (en el que ya existen), sus derivados y a todas las rentas extraordinarias, como la renta financiera que sigue estando libre de impuestos así como las ganancias resultantes de la venta de sociedades anónimas. De la misma manera que mientras no exista una verdadera nacionalización de las exportaciones no sólo agrícolas sino de hidrocarburos, metales y recursos naturales como el agua, no podremos hablar de una verdadera soberanía económica.
Asimismo, la ausencia de medidas de nacionalización de esos recursos continuará bloqueando la creación masiva de empleo y la mejora del nivel de vida popular.
La necesidad de erigir una tercera posición política:
Ante el aluvión de las demostraciones de fuerzas que se realizan semana a semana en la puja por las retenciones de parte del gobierno y del auto proclamado “campo”, es indudable la necesidad de establecer una tercera posición política, que defienda los intereses populares, los cuales no se ven representados en su totalidad por ninguna de las dos posturas imperantes. Posturas que no sólo son planteadas como antagónicas, sino como las únicas posibles. A continuación me propongo expresar como si bien disímiles, y con consecuencias de diferente índole para la mayoría de la población, estas posturas crean paradigmas inconmensurables, donde no se encuentra representado el conjunto del pueblo en un plan articulado, ni se permite que este forme parte del debate quedando fuera de las aparentemente únicas dos propuestas.
Siendo concientes que el gobierno nacional se aprovechó del crecimiento de los precios internacionales para empujar el aumento del PBI y así pagar los vencimientos de la deuda, subsidiar a las empresas de transporte y servicios privatizadas y someter a los regímenes provinciales al poder político central. De la misma manera que logra jactarse de un superávit fiscal de U$S 50.000 millones, mientras asiste falto de capacidad, quiero creer, o quizás de interés, ante el desastroso derrumbe de la educación y la salud públicas. Siendo concientes, entonces, de la imperiosa necesidad de una tercera posición superadora.
Si bien es cierto, nobleza obliga, que disminuyó la proporción de pobres e indigentes, cabe destacar que ésta aún se encuentra muy por encima de los valores existentes al inicio de la actual fase democrática, hace apenas un cuarto de siglo. Es justamente esta coyuntura internacional más que favorable, un agravante de que la redistribución de la riqueza no haya llegado en la medida necesaria a los sectores más carenciados, y al mismo tiempo el motivo por el cual de ninguna manera el pueblo podrá osarse a perder esta oportunidad de hacerse de parte de los recursos de la renta agraria diferencial. Y si este modelo prosperó fue porque desde el neoliberalismo de los años ´90 hasta nuestros días (cabe aclarar en vistas de ahorrar malos entendidos que me parece un disparate decir como lo hace cierta izquierda trasnochada, que este gobierno es igual al de Menem) no hubo un sólo gobierno, tampoco el de los Kirchner, que intentara cambiar el modelo agrario-exportador y poner fin a la sumisión de nuestro país a las transnacionales. Este proceso que pone a la Argentina en el rol de una productora de materias primas, el mismo que nos hundió tras la crisis del ´30, nos continúa atando a las exigencias del mercado mundial. Lo que deduce a las claras la necesidad de comenzar a complejizar y diversificar la producción argentina, en pos de la creación de una verdadera cadena de valor agregado nacional. Queda así de manifiesto la contradicción propia de este proceso, la misma que nos lleva a los sectores populares, desde una tercera posición, a resistir la avanzada “agraria” y exigir mucho más que las retenciones móviles.
La necesidad de esta posición, no neutra ni mucho menos meramente contemplativa sino de corte netamente popular sale al cruce del posicionamiento de las organizaciones rurales que proclaman un juego maniqueo de la dualidad campo-ciudad. Donde ellas mismas se auto proclaman supuestas defensoras de la situación de los campesinos, quienes, mientras las entidades se debaten en un conflicto de intereses que les permita continuar con su escandalosa acumulación de capital, se debaten su supervivencia.
Este posicionamiento es también una alternativa cuando (sorprendentemente para algunos) parte de la izquierda ha apoyado los cortes de ruta que nos condenaban al desabastecimiento, al espiral inflacionario recesivo y producía, de paso, un formidable derroche de productos alimenticios.
Es también una salida a la otra gran reacción de la izquierda, quien caracterizase este conflicto de “enfrentamiento entre dos bloques capitalistas, ambos enfrentados a los trabajadores y al pueblo”. Se plantea una necesaria salida de esta posición, ya que la misma da por sentado que ambos proyectos en pugna afectan negativamente en igual medida a los asalariados. Cosa que como vimos anteriormente, no es real, y es la consecuencia de un sesgo ideológico producto de un auténtico infantilismo de izquierda.
Precisamente, son estas visiones distorsionadas las que dan lugar a una posición distinta en el seno del campo popular, a saber, la de resistir el lockout agrario desde una posición independiente del gobierno, por entender esta movilización rural como una acción económica, política e ideológica decididamente anti popular, al mismo tiempo que parte de una lucha ínter burguesa. La eliminación de las retenciones, sumado a la captación de capital político de los sectores que hoy podrían salir favorecidos ante una eventual derrota del gobierno, implican un fuerte golpe a la posibilidad de avance de las clases populares en el camino de la conquista de sus reivindicaciones históricas e inevitables. Y en términos más concretos, una caída del nivel de vida de los sectores subalternos con respecto a la deplorable situación actual. Esto se sustenta en lo expresado anteriormente respecto de la incidencia de las retenciones en el consumo básico de los asalariados.
Por lo demás, cualquier política de corte netamente popular deberá basarse en la captación de esta renta agraria como primer paso a la socialización de los medios de producción.
En una pugna ínter capitalista en la que no nos podemos mantener indiferentes, el falso neutralismo que nos convierte en espectadores de esta crisis, al mismo tiempo sepulta cualquier posibilidad de intervención política que permita construir una salida favorable a los intereses de las mayorías.
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