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DISCUSIÓN DE LA NUEVA LEY DE MEDIOS TRAS 25 AÑOS DE DEMOCRACIA
La presidenta Cristina Fernández convocó al debate pluralista de todos los sectores de la sociedad para reemplazar a la legislación en materia de medios impuesta en los tiempos de la dictadura militar. La criticada ley, la 22.285, está cerca de su final. Amplia expectativa de todos los actores de la comunicación y el arte. Crítica desde las empresas periodísticas y de la oposición política en el Congreso. La real democratización del espectro radioeléctrico nacional está en el centro de la discusión.
Por Claudio Morales*
Con la presentación del Anteproyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner abrió el demorado debate que la sociedad argentina se guardó en los 25 años de democracia. El 18 de marzo, en el Teatro Argentino de la ciudad de La Plata, se inició el camino para que la vetusta Ley 22.285 de Radiodifusión -sancionada en tiempos de la última dictadura militar- muy pronto sea parte del triste pasado, tras el lanzamiento de la nueva propuesta comunicacional señalada como “una deuda histórica de la democracia argentina”.
“Espero que el resultado de esta ley sea que cada uno aprenda a pensar por sí mismo y no como le marca una radio o un canal”, expresó la Presidenta frente a un auditorio que desbordó la capacidad del escenario elegido. Aseguró que el proyecto será discutido y debatido en todo el país antes de llegar al Congreso sin excluir a ningún sector. “Esta no es una propuesta de Cristina, no es la propuesta de un gobierno o de un partido. Queremos que sea la propuesta de todos los argentinos”.
El Anteproyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual presentado por la Presidenta generó expectativas en casi todos los sectores involucrados en el mundo de las comunicaciones. Tanto el mundo académico, las ONG´s y entidades sociales sin fines de lucro, la industria cinematográfica y el quehacer cultural, como la dirigencia política y sindical aguardaron con interés el acto oficial. En contraste, desde las cadenas privadas de radio y televisión como desde el medio gráfico y sus periodistas, sobrevoló la “observación poco entusiasta” del evento y el convencimiento del cierre de una etapa marcada por una peculiar forma de informar y de comunicar desde los medios a la sociedad, con una agenda de temas y contenidos diseñada por intereses económicos y políticos que se impusieron durante los gobiernos de la democracia.
El proyecto en debate
La iniciativa presentada en el platense Teatro Argentino, se enmarca en un objetivo central, el de dar un nuevo marco legal a todos los servicios de comunicación audiovisual, con independencia del soporte técnico utilizado para su transmisión. Allí se busca la creación de nuevos medios, la descentralización y la desmonopolización de los ya existentes. Se garantiza como derecho humano universal el acceso a la información y la libertad de expresión. La redacción del anteproyecto se inspira en los 21 puntos de la denominada “Iniciativa Ciudadana por una Ley de Radiodifusión en Democracia”, surgida en 2004 y que reunió a una vasta legión de organizaciones de la sociedad civil, intelectuales del arte y la cultura junto a comunicadores, quienes se impusieron un amplio debate en el ámbito gubernamental, legislativo y universitario. Se constituyó en un interesante aporte con miras a la sanción definitiva de una legislación en democracia. En el texto se afirmaba que “la radiodifusión es una forma de ejercicio del derecho a la información y la cultura y no un simple negocio comercial.
La radiodifusión es un servicio de carácter esencial para el desarrollo social, cultural y educativo de la población, por el que se ejerce el derecho a la información”. Se reconocía que “toda persona tiene derecho a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas, sin censura previa, a través de la radio y la televisión, en el marco del respeto al Estado de derecho democrático y los derechos humanos”. En ese sentido, el proyecto impulsado por el oficialismo contempla que la explotación de los servicios de comunicación audiovisual podrá ser efectuada por prestadores de gestión estatal, de gestión privada con fines de lucro y de gestión privada sin fines de lucro, los que deberán tener capacidad de operar y tener acceso equitativo a todas las plataformas de transmisión disponible. Así, con el ánimo de impedir la formación de monopolios y oligopolios, habrá límites a la concentración, fijados no sólo por cantidad de licencias sino también por tipo de medio. Un mismo licenciatario sólo podrá poseer 10 medios de servicios abiertos. En la actualidad, la ley permite que una misma persona sea titular de hasta 24 licencias de medios.
Una de las mayores críticas que ha merecido la actual legislación de los tiempos de la dictadura con las sucesivas modificaciones en los años posteriores, particularmente durante los años de la presidencia de Menem, se enmarca en la distribución de las frecuencias de radio y TV a favor de grupos o sectores ligados con el poder de turno. El caso más paradigmático se dio durante su segunda presidencia cuando la radio de la Ciudad de Buenos Aires (Radio Municipal) perdiera su frecuencia de 710 kilohertz en manos de un grupo comercial adicto a ese gobierno (Radio Diez).
A la hora de los cambios, el texto legal que se impulsa para borrar la confusa y paradigmática ley de la dictadura, contiene una serie de avances en materia de acceso a la propiedad de los medios. Permite que las universidades tengan emisoras sin restricciones ni obligaciones de constituirse en sociedades comerciales. Se abre el acceso a las entidades sin fines de lucro, como mutuales, cooperativas y fundaciones, destinándose el 33 por ciento de las frecuencias previstas para cada localidad. También, se promueve la definitiva regularización de los medios comunitarios. Y se garantiza que tanto las provincias, los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tengan asignadas frecuencias del espectro radioeléctrico.
En materia de contenidos, la norma prevé la regulación desde el Estado como el fomento en materia de producción de contenidos educativos e infantiles, además de la figura del Consejo Asesor sobre Audiovisual e Infancia para garantizar el cumplimiento de los objetivos. Se estipula la protección del trabajo local y argentino mediante cuotas de pantalla de cine nacional, exigiéndose el 70 por ciento de producción nacional en las radios y el 60 por ciento en la televisión. Hay un capítulo destinado regular los derechos de exhibición del fútbol y de otros contenidos relevantes, que rápidamente mereciera el cerrado rechazo de las autoridades de la AFA y del medio que posee los derechos exclusivos en el mercado local (Torneos y Competencias). La legislación a introducir se basa en la experiencia europea en materia televisiva que busca desconcentrar los derechos de exhibición. Se pretende que los partidos de fútbol más importantes puedan verse en la pantalla de la TV abierta.
Una democracia plagada de obstáculos
“¿Por qué en 25 años esta ley no se pudo tratar?”, se preguntó en voz alta el actual interventor del COMFER (Comité Federal de Radiodifusión), Gabriel Mariotto. El funcionario señaló que el Estado debía garantizar la libertad de expresión sin cercenar las opiniones de nadie, aunque manifestó que bajo el principio de la libertad de expresión muchas veces se ampara el monopolio y la concentración mediática. “No es admisible que en honor a la libertad de información haya cadenas monopólicas que le quiten la voz al resto”.
En efecto, el debate de los numerosísimos proyectos en el ámbito legislativo nunca pudo llegar a buen puerto, producto de la persistente presión de las cámaras y entidades que agrupan a los medios de comunicación del sector privado, quienes no están dispuestos a abrir el espectro radioeléctrico a otras voces que garanticen una real pluralidad informativa, basada en propuestas comunitarias, culturales, educativas y alternativas al modelo comunicacional imperante en el país. La ausencia de un fuerte compromiso de los diferentes gobiernos democráticos impidió que hasta la fecha se impulsara el debate de una norma legal que permita el acceso sin mayores restricciones que las inherentes al aspecto técnico a los pequeños medios locales y barriales, en una normalización del espectro radioeléctrico que no favorezca los intereses de los poderosos multimedia nacionales y provinciales.
La falta de una conciencia parlamentaria en sostener proyectos de ley a lo largo de los 25 años de democracia, parece haber entrado en tiempo de descuento en el Congreso argentino frente al impulso de la presidenta Cristina Fernández. Pero, el lobby de los poderosos multimedia locales promete una ardua batalla legislativa que recibiría el apoyo de diputados y senadores del radicalismo, el partido de Carrió y el PRO de Macri que se encolumnarían detrás de la corporación mediático, tal lo expresado por Elisa Carrió, “no tendremos problemas en defender a los grandes grupos económicos si es para defender la libertad de prensa”.
Con la ley de la dictadura en vigencia, aunque permitiéndose que ésta se emparchara una y mil veces más con correcciones que nunca llegaron a neutralizar su espíritu autoritario haciendo de la norma legal de radiodifusión de la Argentina un complejísimo entramado de modificaciones, siempre se beneficiaron los mismos actores de una película repetida en el país a lo largo de todo el período democrático. Resulta toda una contradicción la postura desplegada por la titular de la Comisión de Libertad de Expresión, la diputada radical Silvana Giúdice, quien junto al senador y titular de la centenaria UCR, Gerardo Morales, cuestionaron en duros términos al proyecto presentado por la Presidenta por “cercenar la libertad de expresión y la prensa”, a la vez que llamaron a “una gran movilización de los medios y los comunicadores para evitar semejante atropello”.
Sin embargo, no hace demasiado tiempo atrás y cuando la campaña electoral parecía estar lejos en el horizonte, la radical Giúdice había presentado un proyecto junto a su par del ARI de Carrió, Margarita Soltbizer, donde se disponía de parte del espectro radioeléctrico para el sector social y para el Estado, a la vez que se fijaba un máximo de dos licencias en manos de un mismo propietario en el ámbito local y 12 en el nacional. El proyecto del oficialismo reserva un 33 por ciento del espectro radial para las entidades sociales sin fines de lucro y establece un máximo de 10 medios en posesión de un mismo propietario. Un oscuro juego de contradicciones parecería sobrevolar en las últimas declaraciones de la dirigencia opositora, tal como lo afirmara el titular de la CTA, Hugo Yasky, en comunicación con Ecos. “Carrió, Morales y el coro de voces van a clamar al cielo en nombre de una falsa democracia y libertad, lo que están haciendo es sacarse la careta y defender descaradamente una ley que viene de la dictadura”.
El debate postergado
El 24 de marzo de 1976 los militares tomaron el poder iniciándose el proceso político más represivo de nuestra historia, cometiéndose todo tipo de aberraciones y crímenes, considerados de lesa humanidad. Los medios de comunicación, particularmente la radio y la televisión, quedaron sometidos a los objetivos de los dictadores de turno, de forma tal que sirvieran de “anestesiantes masivos” para una población que llegó a desconocer casi totalmente lo que ocurría en su propio país.
El silencio fue la característica más importante en la política comunicacional del régimen. El pueblo no debía saber absolutamente nada de los miles de secuestros, detenciones, torturas, saqueos, asesinatos, desapariciones y exilio, de tantos miles de argentinos… Y así ocurrió, nadie se enteró de lo que ocurría a diario -o casi nadie-, tan sólo por medio de emisiones extranjeras -tal el caso de los famosos informativos de la emisora uruguaya, Radio Colonia, con la inconfundible voz de Ariel Delgado- o por medio de la correspondencia, o de parte de publicaciones clandestinas que circularon por todo el país. Mientras tanto, la radio y la TV no dejaban de difundir día y noche cada una de las consignas de la dictadura.
El 15 de septiembre de 1980 fue promulgada la ley 22.285 de Radiodifusión, reglamentada por decreto 286 del 18 de febrero de 1981. Dieciséis días después de la asunción del gobierno de Raúl Alfonsín, tras la recuperación de la democracia, el delegado normalizador del COMFER anunciaba la realización de una revisión esclarecedora de las licencias acordadas a los licenciatarios de emisoras de radio y TV durante la dictadura militar, y criticaba duramente la ley de Radiodifusión sancionada en 1980. También hubo expresiones en torno a la necesidad de nominar las acciones de las empresas periodísticas para determinar la identidad de los dueños de los medios de comunicación. Prácticamente, no hubo revocatoria de licencias mientras las presiones de ARPA (Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas) iban en aumento.
A partir de la asunción del gobierno del presidente Carlos Menem, en 1989, se impulsó una decidida política de privatizaciones de medios de comunicación social en manos del Estado. Con el dictado de la ley 23.696 de Reforma del Estado, su artículo 65 facultaba al PEN a adoptar las medidas necesarias hasta el dictado de una nueva ley de radiodifusión, para regular el funcionamiento de aquellos medios que no se encontraran encuadrados en las disposiciones vigentes. Y a partir de ese momento una catarata de medidas que favorecían a los sectores empresarios de la comunicación se sucederían desde la máxima instancia de regulación estatal. Así, desde el COMFER y la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) se estructuró un plan para desarmar el aluvión de nuevos medios radiofónicos que pululaban en el dial.
Se estimaba que el número de emisoras podía ascender a más de 2.500 radios y 100 canales de TV, aunque no todos transmitieron desde la clandestinidad pues en un intento de reordenamiento legal del espectro radial de la frecuencia modulada (FM), el COMFER otorgó en 1990 una importante cantidad de permisos precarios y provisorios (PPP) hasta tanto se sancionara una nueva norma legal. En 1993, debió reabrirse este registro en un nuevo intento de reordenamiento legal del saturado espectro radial de la FM ante las numerosísimas quejas de los pequeños radiodifusores por el favoritismo manifiesto de las autoridades nacionales, provinciales y municipales de entonces.
Las radios libres se constituyeron en todos los rincones del país. Así, mientras extensas regiones de la Argentina no poseían sus propios medios, y la cobertura de las radios de poblaciones relativamente distantes resultaba deficiente, surgieron estas nuevas radioemisoras. Asimismo, en las ciudades se observaba el fenómeno del monopolio de los medios conglomerados en grupos multimedia, registrándose así una concentración de las estaciones de radio y TV en grupos económicos influyentes. En consecuencia, crecientes sectores sociales no sólo no se sintieron representados por la radiodifusión encuadrada en la ley en vigencia, sino que además tenían restricciones en cuanto a la vinculación con esos medios.
La breve presidencia de De la Rúa no logró articular ningún proyecto comunicacional que permitiera pensar en la sanción de una ley de radiodifusión, aunque la gestión de Gustavo López -el actual subsecretario general de la Presidencia-, al frente del COMFER y la del ingeniero Aguiar al frente del área de las comunicaciones del país significó una bocanada de aire fresco con el desarmado de buena parte del andamiaje construido en la década menemista. Al menos, algunas medidas preparadas a la medida de los poderosos de la comunicación y de los gigantes de los multimedia nacionales e internacionales que favorecían la concentración de medios en los centros urbanos y en la regiones suburbanas, como el traspaso de la titularidad de las licencias o la venta de ésta al margen de lo permitido por la ley.
Se promovió la apertura del dial a los medios locales, se favoreció la instalación de estaciones de radio en escuelas y colegios ubicados en los rincones más apartados de la Argentina, como se detuvo la directa concentración de medios en pocas manos al tiempo que algunas ventas o traspasos de acciones quedaron bajo la mirada de la justicia tras la impugnación desde el Estado. Con la llegada de Eduardo Duhalde a la presidencia tras los terribles sucesos del 19 y 20 de diciembre de 2001, que significaron la caída del presidente constitucional con una forzada renuncia anticipada del poder, las cosas no cambiaron demasiado. Un año de gobierno interino que no alcanzó para la discusión de una normativa nueva.
La presidencia de Néstor Kirchner profundizó la política de apertura de nuevos medios en el interior del país mientras lentamente se resolvieron los casos de las emisoras de AM y FM con permisos antiguos para la transmisión, mientras que se estudian los casos denunciados de ventas de medios o el desembarco de importantes multimedia extranjeros. En el ámbito legislativo se sucedieron importantes discusiones para la aprobación de una nueva ley, cosa que nunca ocurrió a pesar de la aparición de la “Iniciativa Ciudadana por una Ley de Radiodifusión en Democracia”.
Lo que se viene
El debate que recién empieza está impulsado por una ley, como es el Anteproyecto presentado por el Gobierno, que desarma la compleja normativa edificada en los tiempos del horror de la dictadura militar y que permite la incorporación de los nuevos medios de comunicación -especialmente en la FM- en un dial ordenado sobre la base de una prolija planificación donde se pretende la apertura a sectores sociales no representados por el esquema de la radiodifusión actual, con una importante participación del Estado. Una discusión que no parece quedar relegada al ámbito parlamentario, se plantea la realización de foros de debate organizados en todo el país, con el objetivo de atender a lo local y lo particular de cada población, barrio o región de la extensa geografía de la Argentina.
Una solución que necesariamente tendrá que ser abarcativa y contemplativa de experiencias y situaciones de cada región del país, en un nuevo texto legal que se adecue a las exigencias de la Nación en general y de cada provincia en particular, tras un debate profundo y serio de la sociedad y sus instituciones democráticas, totalmente alejado de posiciones mezquinas que sólo pretenden favorecer a los intereses de los grandes multimedia. Una solución democrática y pluralista, que involucre a todo un país y su gente. El proyecto ya es una realidad. Es la hora de una nueva norma en materia de medios. Ahora, los argentinos tienen que hacer oír su voz, para que los que no tienen recursos también tengan derecho a hacerse oír y recibir toda la información.
*Periodista. Corresponsal, Colaborador y Productor Periodístico de medios de comunicación argentinos y del exterior. Director fundador del Grupo Pasteur, primer colectivo multimedia cultural-educativo juvenil de la Argentina.
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